(Gesell, feb,17) En una extensa resolución fechada el 9 de febrero el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores solicitó la intervención de la Secretaría de Turismo y bonaerense y el Organismo Provincia para el Desarrollo Sustentable (OPDS), para determina las demandas ambientales realizada por la Fiscalía de Estado contra la municipalidad geselina.

El pedido de informe a los organismo provinciales también definirá la situación de causas como el paralizado proyecto urbanístico Mandalay y al menos otras seis demandas presentadas por particulares contra las construcciones sobre el frente costero.

En resumen, el resolución del juez Antonio Escobar, le pide a la Secretaría de Turismo bonaerense y a la OPDS,  que informen “Si resulta obligatorio en el trámite de estudios de proyectos de obras a realizarse en cualquier parcela del frente Costero de la Provincia de Buenos Aires dar intervención a Fiscalía de Estado a efectos de la obtención de un dictámen de dicho órgano, y en su caso, remita copia de la norma que así lo establece”.

Esto es considerado un paso importante, ya que uno de los argumentos del fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, es que no fue notificado.
Fuentes judiciales ya adelantaron que no existe ninguna disposición provincial, que exija la intervención de la Fiscalía de Estado, en este tipo de proyecto

Otra de las consultas de la Justicia gira en torno a la intervención de la Unidad de Coordinación de Manejo Costero Integrado -creada por Decreto N°1802/08-, para la aprobación de los proyectos sobre el frente costero
Según la legislación vigente la Unidad de Coordinación fue creada a título consultivo y la misma sólo se reunió en no más de cinco oportunidades.

Entre los requerimientos judiciales también figuran algunos casos puntuales, como la construcciones de unidades turísticas ubicadas a la altura de los paseos 123; 148 y playa se ajustan al estudio de impacto ambiental realizado por la empresa Ambiente y Territorio.
Y en consecuencia si la utilización de hormigón fue considerada por al OPDS al momento de dar el certificado de aptitud ambiental mediante la resolución 4195 del 28 de octubre

La OPDS también deberá analizar un material fílmico realizado en mediados de diciembre último y determinar si la construcción de UTF en el marco de las ordenanzas 2345/10 y 2347/10 sancionadas por la gestión Erneta cumplen por las normas IRAN 42.100, si estas resultan de cumplimiento obligatorio para la preservación del medio ambienta y si las ordenanzas cuentan con el certificado de aptitud ambiental expedido por el organismo

La OPDS también deberá realizar todas las observaciones y consideraciones sobre la totalidad de obras realizadas en el costero de Villa Gesell a partir de toda la documentación remitida por al Justicia.

Posibles resultados

Según fuentes vinculadas a la causa la situación de la gestión Erneta en esta serie de causas judiciales es bastante más compleja de lo que se admite.

En primer lugar si bien las ordenanzas 2345 y 2347 tienen un certificado de aptitud de la OPDS, el caso es que el estudio de impacto ambiental realizado por firma Ambiente y Territorio S.A. se basó en la derogada ordenanza 2050, que sólo contemplaba la construcciones en madera.

Resumiendo, si la concesiones de playas observadas o sobre las que informe la OPDS no se ajustas a esto, o no poseen un estudio de impacto ambiental propio que avale otros métodos de construcción, la mismas podrían ser demolidas.

A se sumaría otro punto sobre el cual la Comuna dio información recortada o parcial.
El mismo apunta al paralizado proyecto Mandalay, aprobado por la Municipalidad y defendido desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

El caso es que el estudio de impacto ambiental que acompaña el expediente judicial ya señala el alto nivel de impermeabilización que generaba el proyecto, una característica altamente nociva para el frente de playa.
La pregunta del millón es por qué la Comuna no solicitó la modificación del proyecto, en base a los resultados del estudio de impacto ambiental y aprobó el mismo.

Pero más allá de las cuestiones legales fuentes de los Tribunales de Dolores señalan que el mayor obstáculo de la gestión Erneta en las causas que se tramitan ante el juzgado en los Contencioso Administrativo de Dolores, es la áspera relación que mantendría con el juez Antonio Escobar.
Que incluso habrían llegado a una operación para remover a Escobar, que fracasó.